Cuando una empresa contrata a una persona, el Estado aparece con la mano extendida para cobrar. Salario, cuotas, seguridad social, obligaciones, costos asociados… Cuando esa misma empresa sustituye parte de ese trabajo con software, automatización o agentes de inteligencia artificial, ya no hay derechos que financiar. Ya no hay una vida detrás de la productividad. Ya no hay que pagar impuestos.
El resultado es brutal: gravamos al ser humano y exentamos a la máquina.
El sistema fiscal sigue tratando al trabajo como una fuente natural de recaudación, mientras la automatización avanza bajo el lenguaje seductor de la innovación, la eficiencia y el crecimiento.
El dilema es ético. Y después, inevitablemente, político.
Nos hemos estado contando una historia cómoda: que la tecnología vendría por lo repetitivo, por lo mecánico, por lo rutinario. El refugio humano quedaría en la inteligencia, en la abstracción, en el escritorio. El abogado, el programador, el contador, el analista, el redactor… ellos seguirían a salvo porque su materia prima era el juicio.
La inteligencia artificial ya rompió esa ficción.
Todavía no hay evidencia definitiva de un colapso laboral masivo. Conviene decirlo así, sin exageraciones. Pero las señales ya se asoman. Menor contratación en ciertos puestos de entrada. Tareas cognitivas cada vez más absorbidas por modelos de IA. La sospecha de que el primer escalón profesional, el de los recién egresados de universidades, empieza a resquebrajarse.
Y cuando desaparece el escalón de entrada, no sólo se pierde empleo: se pierde formación. Se pierde oficio. Se pierde futuro.
Ahí está la trampa de nuestro tiempo.
La automatización ahora no compite únicamente por ser mejor. Compite también por ser fiscalmente más conveniente. Un trabajador cuesta más no sólo porque cobra, sino porque alrededor de su existencia hay una arquitectura de obligaciones construida durante décadas. Un sistema de salud. Una pensión. Un seguro. Un andamiaje jurídico que, con todos sus defectos, reconoce que trabajar no es sólo producir, sino sostener una vida.
Pero la máquina no carga con nada de eso. Y, para colmo, suele entrar a la contabilidad como inversión estratégica, no como carga social.
Dicho de otro modo: el código no sólo trabaja. El código llega subsidiado por la estructura del capitalismo contemporáneo.
Eso cambia por completo la discusión.
Este tema ya lo vislumbraba Bill Gates en 2017, con los robots, pero con la IA se ha potenciado:
Hoy se habla de un posible “impuesto al token”, una forma de gravar el uso intensivo de modelos de IA en la economía. La idea tiene algo de ingenio técnico. El token se mide. El token se factura. El token permite imaginar un punto concreto de cobro. Frente a la vieja fantasía del “impuesto al robot”, que siempre tropezó con la pregunta de qué demonios cuenta como robot, el token parece más limpio, más moderno, más ejecutable.
Pero ésa no es todavía la solución. Es apenas el síntoma.
Porque un token mide consumo computacional, no impacto social. No distingue entre quien usa IA para hacer una imagen divertida que compartirá con sus amigos y quien la usa para desmantelar una capa completa de empleo. No separa el juguete del reemplazo laboral. No traduce la pérdida de experiencia, de trayectoria, de seguridad o de movilidad social.
La unidad técnica no coincide con la afectación humana.
Ése es el corazón del problema. Y también la razón por la que esta discusión no puede quedarse en la ingeniería tributaria. Lo que está en juego no es simplemente cómo cobrarle más a una nueva industria. Está en juego si aceptaremos que la abundancia producida por la automatización se concentre arriba, mientras el costo de la transición se descarga abajo.
Porque eso es exactamente lo que podría ocurrir.
Una élite propietaria de modelos, chips, infraestructura y capital captura una porción creciente del valor. Mientras tanto, la base social que financiaba al Estado mediante su trabajo empieza a adelgazar. Menos personas necesarias para producir. Menos salarios que gravar. Menos centralidad política del empleo. Más ansiedad. Más fragilidad. Más sensación de reemplazo.
Y menos Estado.
El discurso dominante sigue hablándonos de productividad como si la productividad, por sí sola, fuera una virtud ética.
No lo es.
La productividad sin redistribución de la riqueza puede convertirse en una máquina de demolición social. No, la tecnología no es malvada, pero el diseño institucional puede serlo. Un país no se desordena sólo cuando falta riqueza. También se desordena cuando la riqueza crece y se concentra en pocas manos sin producir un nuevo pacto.
Eso explica por qué incluso desde dentro de la industria de la IA comienzan a escucharse palabras que antes sonaban heréticas: impuestos, renta básica, compensación, reparto, transición.
No es altruismo. Es instinto de conservación. Los arquitectos de este nuevo régimen técnico han empezado a comprender algo elemental: una sociedad donde la mayoría pierde valor económico visible es una sociedad donde la estabilidad política se ve amenazada.
Y no hay un datacenter blindado contra el resentimiento.
Tal vez por eso el debate más urgente de la inteligencia artificial no sea qué tan inteligente llegará a ser. Tal vez sea otro. Mucho más terrestre. Mucho más viejo. Mucho más peligroso: quién paga el costo del progreso y quién se queda con sus dividendos.
Hasta ahora, la respuesta ha sido inquietantemente clara.
Paga la persona. Gana la máquina.
O, para decirlo con más precisión: paga la persona y gana el propietario de la máquina.
Esa es la frase que debería perseguir a ministros, reguladores, empresarios y votantes durante los próximos años. Porque contiene el germen de una nueva desigualdad. Una desigualdad, más técnica que las anteriores, más difícil de narrar. Pero no por eso menos violenta.
Durante siglos, el trabajo ha sido algo más que una forma de ingreso. Es el pasaporte a la pertenencia. La prueba de utilidad. El mecanismo que une economía, ciudadanía y dignidad. Si ahora empezamos a construir un mundo donde el trabajo humano resulta fiscalmente menos atractivo que su sustitución, no estaremos sólo optimizando costos.
Estaremos reescribiendo, línea por línea, el valor de las personas.
Y cuando una civilización empieza a cobrarle más al hombre que a la fuerza que lo reemplaza, entra en crisis su sistema tributario.
Pero, sobre todo, entra en crisis la idea misma de justicia.
Los países donde se pagan más impuestos por trabajar
No hay ciudadano en el mundo que celebre la cantidad de impuestos que se le deducen por trabajar. Pasa algo similar con las empresas: pagar por otorgar empleos no es algo que ponga contentos a dueños y accionistas.
Lo cierto es que no todos pagamos lo mismo. Hay países cuya recaudación por el empleo, conocida como cuña fiscal, es más alta. Esta cuña fiscal no es otra cosa que la parte del total de contratar a una persona que no termina ni en el bolsillo de la persona ni de la empresa, sino en impuestos y contribuciones.
Europa tiene cuñas fiscales más altas que el resto de las regiones. En Europa pesan mucho más las contribuciones sociales, sobre todo las que debe absorber el empleador. Hay casos que rondan el 50%, es decir, alrededor de la mitad del total se lo quedan los Gobiernos.
Es importante decir que la tributación no es homogénea, ni siquiera en un mismo país, y el ejemplo usado como base es un trabajador soltero y sin hijos (considerando que en algunos países hay exenciones de impuestos para padres). También es importante separar lo que efectivamente aporta la empresa y lo que aporta el trabajador. Por ejemplo, en Alemania es porcentualmente más que en cualquier otro país.
Lo cierto es que ante un reemplazo con IA, estos impuestos simplemente se desvanecen y terminan debilitando al Estado.
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